Separados por el río Bravo

Este texto se publicará la semana próxima en Milenio Semanal!!!!

Nayeli Roldán
"Me pusieron un cinturón en los pies y esposas en las manos. Me trasladaron en una camioneta blindada con pequeños orificios, apenas para respirar. Al llegar a la cárcel, a mí y otras más, nos desnudaron para bañarnos. Nos aplicaron un spray en el cabello que olía a desinfectante, por si teníamos piojos. Luego nos dieron un uniforme de tela gruesa color naranja". Este es el testimonio de Romina Perea, mexicana residente en Estados Unidos durante seis años, deportada y separada de su familia desde hace cinco meses.
Desde el año 2002, aproximadamente 24 familias de origen mexicana han sido afectadas por la deportación de un integrante, aún cuando estaba en trámite su legalización asimismo, 80 casos aún se están revisando. Entraron como indocumentados en busca del "sueño americano". Luego de trabajar y de haber formado una familia en Chicago, Illinois, la Oficina de Inmigración de EU los deportó a México, no sin antes recluirlos en la cárcel.
Una vez repatriados, fueron sancionados para no regresar a territorio norteamericano en diez o hasta veinte años. Situación que "divide a la célula de la sociedad", aseguran las familias mexicanas afectadas. Expulsados del país no pueden ver a sus familiares o hijos pues estos últimos nacieron en EU por tanto son ciudadanos americanos sin tienen ningún problema legal.

Divididos por el Río Bravo
Armando Perea, esposo de Romina, trabaja como jardinero en EU desde hace diez años. Presentó un examen de inglés e historia de ese país para poder ser ciudadano americano. Con su trámite resuelto era más fácil legalizar la estancia de su esposa, quien pretendía continuar estudiando Derecho, carrera que dejó inconclusa cuando emigro. Para sus hijos no existía ningún problema pues son norteamericanos de nacimiento.
Acudieron al Centro Sembrador, institución que auxilia a inmigrantes con algunas gestiones. Comenzaron con el trámite del seguro social, permiso de trabajo, pagaron la multa por haber entrado de manera ilegal al país. Gastaron alrededor de 5 mil dólares, tenían recibos por cada entrega, "todo iba conforme a la ley", dice la señora Perea.
En la Oficina de Inmigración de Estados Unidos, le pidieron su licencia de manejo, identificación de domicilio, acta de nacimiento de los niños, acta de matrimonio, seguro de vida, expediente criminal "limpio". "Prácticamente tenían el control de toda tu vida", asegura Romina. Luego de unos meses recibieron un aviso para que la mexicana regresara a la oficina de inmigración a concluir sus trámites.
Efectivamente asistió, pero encontró una circunstancia distinta a lo que esperaba. La separaron de su esposo y de su hijo de cinco años y una pequeña de un año tres meses. La intérprete que le asignaron —pues no habla bien inglés— le comunicó que sería deportada. La siguiente parada fue la cárcel del estado de Chicago donde permaneció tres días junto a filipinas, japonesas, polacas, quienes luego de permanecer ahí hasta nueve meses, esperaban audiencia con un juez para determinar su situación y no ser deportadas.
Desayunaba leche con una galleta. Por la tarde, un poco de jugo, un hot dog, puré o verdura hervida. Todo frío. Los artículos para aseo personal debían ser solicitados con una semana de anticipación. Pero cuando ingresó, le dieron jabón y un improvisado cepillo dental "sólo era una tira de cerdas, ni siquiera limpiaba", recuerda Romina.
"No quería estar más tiempo ahí, prefería que me regresaran a México porque todavía estaba lactando a mi hija". En la madrugada un guardia gritó varios nombres, entre esos el suyo. Un avión federal "se había llenado con indocumentados de varios estados", ya los esperaban. Los regresarían a México.
Aterrizaron en Ciudad Juárez. Era de noche. Los dejaron justo en el cruce fronterizo, "en la inmensa fila de carros", dice. Con 500 dólares que su esposo pudo darle a través de una ventanilla cuando estuvo recluida. Alquiló un cuarto de hotel, con Antonia Madrid, una regiomontana que conoció desde la oficina de inmigración. No pudieron dormir. A penas amaneció, compraron un boleto de avión hacia su lugar de origen.
Fue el 23 de febrero, Romina lo tiene muy presente, cuando regresó al Distrito Federal. Tres días después, Armando Perea viajó a México sólo para llevar a los niños junto a su madre. Días después tuvo que regresar a EU para seguir trabajando. Actualmente, el resto de la familia, vive en Toluca, Estado de México. Romina expresa con coraje que la oficina de inmigración utilizó un "medio muy bajo", para deportarla, "se lavan las manos diciendo que actuaron con forme a la ley".
La vida de ella y sus hijos cambió radicalmente. El pequeño de cinco años asiste al kinder en un grupo de 35 niños. "El niño a veces no le hace caso a la maestra porque le habla en español, pero ni siquiera he podido hablar bien con ella porque está muy ocupada cuidando a todo el grupo".
La educación de sus hijos es lo que más le preocupa a Romina, pues dice "allá era de primera". Asegura que de no encontrar respuesta en las autoridades mexicanas, no esperará a cumplir el castigo de diez años para regresará a Estados Unidos e intentará cruzar la frontera, aunque se exponga a "peligros y abusos". "Tengo miedo pero también tengo anhelos", sentencia.
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Durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, hace quince años, Adán del Valle cruzó el río Bravo, con la ayuda de un "coyote" para entrar a Estados Unidos. Después de nueve años obtuvo un permiso de trabajo. Fue a la escuela para obtener "un diploma como soldador", ejercía dicho oficio en el Aeropuerto O’ Here en Chicago, el más grande de EU. Ganaba 23.84 dólares por hora. Se casó con Ana, una ciudadana norteamericana, quien apostaba por su regularización. Los trámites para su residencia estaban en proceso.
No obstante, la Oficina de Inmigración lo citó tras argumentar que había mentido con respecto a su situación. Pagó mil 200 dólares de multa por su entrada como indocumentado. Días después le notificaron que debía acudir nuevamente a inmigración, ésta vez, con su pasaporte. "Pensé que lo iban a sellar", comenta Adán.
Aquel encuentro sería con Triconty, un penal al sur de Chicago, al que sería llevado después de anunciarle su deportación. "Estaban narcos, asesinos, ladrones. Yo nunca había pisado una prisión. Tenía ganas de llorar", comenta Del Valle. Estuvo recluido ahí durante dos semanas. Comía arroz hervido, vegetales, avena y agua saborizada sin azúcar.
Adán comenta que el ambiente era peligroso sino encontraba rápidamente aliados. "Estuve con un grupo donde la mayoría éramos mexicanos". Generalmente las riñas eran por el mandato por secciones en el penal, por ejemplo: "en el cuarto de televisión, donde podían estar aproximadamente 150 personas, peleaban por el control remoto".
En Triconty vendían todo lo que un recluso pudiera necesitar, pero los pedidos debían ser con una semana de anticipación. Una tarjeta telefónica, para hablar durante diez minutos, costaba veinte dólares. Sopas instantáneas cuyo precio en el mercado es de 50 centavos, ahí valía tres dólares. Un cepillo dental se obtenía por cinco dólares.
La familia solicitó apoyo al Consulado Mexicano, la respuesta obtenida fue: "No podemos hacer nada por usted". También solicitó audiencia con un juez, no encontró eco a su petición. Un día los guardias lo llamaron. Fue esposado para llevarlo a un vehículo que lo transportaría al aeropuerto O’ Here, aquel donde laboró durante tantos años, "me sentí humillado porque volvía a mi lugar de trabajo como si fuera un delincuente". Finalmente fue deportado.
A él y otros mexicanos los dejaron en Nuevo Laredo. Con 200 dólares que traía cuando fue detenido, pudo comprar un boleto de autobús para la Ciudad de México, más tarde se dirigiría a Cuernavaca, Morelos, de donde salió hace 15 años. Su esposa y sus hijos de diez, seis y cuatro años están sobreviviendo con ayuda de amigos y familiares pues Adán era el único sostén económico.
Reclamo
Cuando Romina emigró, Ernesto Zedillo prácticamente estaba concluyendo su periodo presidencial. Al año siguiente México logró la transición democrática. Ahora le cuestiona al gobierno del cambio: "¿por qué les dan tanta importancia a los que estamos allá —EU— cuando necesitan votos, pero si caemos en desgracia y necesitamos de ellos no nos escuchan?, ¿Por qué reciben con gusto las remesas que mandamos y no hacen nada por ayudarnos?"
La organización de Pueblo sin Fronteras, dedicada a ayudar a migrantes en EU y presidida por Emma Lozano, organizó una visita a la Ciudad de México en mayo del presente para dar a conocer la situación de estas familias. En una carta dirigida al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada y al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, les solicitaban una reunión para plantear la problemática.
La comitiva acudió a la Residencia Oficial de Los Pinos para entregar su demanda. Jesse Iñiguez, ciudadano americano, hijo de mexicanos y miembro activo de Pueblos sin Fronteras, estuvo presente en dicha visita. Afirma que fueron atendidos "en una cocina donde pusieron una mesa y cinco sillas. Jamás nos llevaron a una oficina", además los hicieron esperar durante tres horas.
En la carta, pedían que el mandatario federal solicitara el perdón presidencial a su homólogo norteamericano para estas familias, es decir que no tenagan que esperar diez o veinte años para entrar al país del norte. En el documento se menciona que piden su ayuda porque el Ejecutivo "ha venido abogando sobre un acuerdo migratorio entre ambos países". Según Jesse, el mandatario federal, en respuesta, pidió conocer más sobre los casos pero dice no poder entrometerse en las leyes del país norteamericano.
Lucha en EU
En julio, Pueblos sin Fronteras convocó a una marcha, asistieron personas de distintas nacionalidades que se encuentran en situaciones migratorias similares. Sumaron más de cien mil, caminaron pro Ashland, de la calle 31 a la 43 en Chicago.
Además de esa manifestación, recientemente coordinaron una visita a Washington para entrevistarse con congresistas norteamericanos y abogar no sólo por el perdón presidencial, sino también por la aprobación de la "Iniciativa de ley para una reforma comprensiva de inmigración 2005", apoyada por legisladores Republicanos y Demócratas, es decir, de carácter bipartidista.
De la visita se desprendieron pláticas con los congresistas, Jesse Jackson Jr y Luis Gutiérrez y el líder político y religioso, Jesse Jackson, quienes les aseguraron defender la aprobación de la iniciativa. Entre los puntos establecidos para beneficio de los migrantes están: seguridad fronteriza; asistencia legal; programas de visas para trabajadores esenciales; unidad familiar y reducción en los tiempos de espera; promover el acceso a los servicios de salud, entre otros.
Entre las demandas está que quienes tengan la forma de visa H-5A, se "permita a los trabajadores internacionales ocupar trabajos que requieren pocas habilidades y estudios" y que "los patrones que contraten trabajadores temporales se rijan por las leyes de trabajo e impuestos a nivel Federal, Estatal y Local", para evitar violaciones a sus derechos. Otro beneficio es que "los inmigrantes indocumentados que se encuentren en EU a la fecha de introducción de esta ley, se podrán registrar para una visa temporal H-5B, válida por seis años".